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¿Qué es el macroproceso 18/98? 13 diciembre 2005

Posted by perspectivas in Lucha por las libertades.
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Por Plataforma de Madrid de solidaridad con l@s afectad@s por el Sumario 18/98

El macroproceso 18/98 es un atentado a las libertades democráticas

Diversos colectivos y grupos de Madrid, hemos constituido una Plataforma con el objetivo de rechazar categóricamente estos macrosumarios, conocidos como 18/98. Pero ¿de qué trata el proceso 18/98?

El 18/98 es el sumario matriz con el que se pretende identificar actividades políticas y sociales legítimas con la complicidad, colaboración o pertenencia a ETA. De esta tesis, que se pretende ratificar ahora judicialmente, se derivan otros muchos sumarios y actuaciones que han caracterizado un periodo político en el que la deriva autoritaria ha sido evidente.

Los diversos procesos a los que nos referimos pueden ser caracterizados como unos macroprocesos políticos, generales y generados ad-hoc, ex profeso, contra los movimientos sociales de izquierda y contestatarios, así como contra grupos que trabajan por el euskera y el desarrollo de la cultura vasca en general.

Macroprocesos, por razón del número de personas imputadas, procesadas o acusadas (más de 220); por el conjunto de organizaciones, colectivos o empresas ilegalizadas, clausuradas, suspendidas en sus actividades o en trance de serlo.

Políticos, porque se trata de procesos penales mediante los cuales el sistema político, el Estado, trata de castigar a quienes considera enemigos del orden constitucional español vigente, buscando su cansancio o eliminación por medio de largas penas de prisión y obstaculizando la intervención sociopolítica de esos sectores.

Generales, porque no se acomete desde un proceso que busca castigar a un conjunto de estructuras organizativas (asociaciones, empresas, partidos políticos, etc). No se investiga un hecho concreto, delictivo, que es lo que se hace en una investigación criminal, sino que se penaliza un fenómeno social, una historia colectiva, un cúmulo de expresiones, modos de comportarse, de asociarse, etc.

“Ad-hoc”, porque han sido expresamente gestados, ex profeso, para lograr un objetivo político.

Estos macroprocesos están constituidos desde la violación continuada de derechos fundamentales. 1) violación del derecho al juez natural (sustituido por el derecho al juez predeterminado por la ley), 2) violación del principio de legalidad haciendo una interpretación absolutamente expansiva de los tipos penales, concretamente de los delitos de pertenencia a banda armada o asociación terrorista y colaboración con banda armada; pero también de delitos de orden fiscal, contra la Seguridad Social.

La investigación se ha llevado y se está llevando adelante con dejación absoluta de lo que debe ser la iniciativa judicial de un Juzgado en toda la investigación criminal. Las investigaciones no solo son iniciadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también dirigidas y culminadas por estas fuerzas. Los jueces prácticamente no intervienen. Los instructores reales son los policías. Los jueces se limitan a aceptar sin crítica alguna lo que se les ofrece por las fuerzas policiales. En definitiva, acaba siendo una investigación absolutamente unidireccional, que pretende solamente la acumulación de elementos inculpatorios contra los acusados.

La tesis central consiste en concebir todas las estructuras, asociaciones y personas afectadas como instrumentos de ETA y como conformadoras de una única y compleja organización que se denominará ETA-KAS-EKIN-HAIKA, etc.

Los hechos que se enjuician en estos procedimientos no son los definidos en el código penal como terroristas, tampoco se juzgan actos materiales de cooperación a la ejecución de tales hechos.

Hablamos también de falta de pruebas. Decimos que en estos sumarios se parte de una tesis preestablecida: que actividades políticas y sociales legítimas en democracia son, cuando las llevan a cabo personas de una determinada caracterización ideológica, perseguidas como hechos de complicidad, colaboración o pertenencia a ETA.

Las detenciones han dado pie, además, a reiteradas denuncias de malos tratos y torturas como instrumento para obtener las pruebas de que carecen.

Un macroproceso, como el 18/98 cuyo juicio comienza el 21 de noviembre en Madrid, es ya técnicamente imposible por su magnitud, aumentada también por la imprecisión de los cargos y aún de los mismos sujetos penales; el resultado es que se convierte en un juicio político con la policía como principal testigo. La noción, mejor dicho, la imagen de terrorismo centra además en nuestro entorno un espacio de tolerancia especial para toda clase de abusos.

No estamos dispuestos a guardar silencio ante más de 200 personas en peligro de recibir gravísimas penas y una multitud de organizaciones ilegalizadas, empresa suspendidas, medios de comunicación clausurados con perdidas económicas enormes, tras un proceso que no ha respetado sus derechos fundamentales y en el que se han denunciado reiteradamente graves desviaciones de lo que se debería considerar recto funcionamiento de la justicia.

La institución básica de la democracia es el diálogo. Las buenas causas además de parecerlo, han de serlo, por este motivo sabemos os proponemos la defensa de la causa de los derechos humanos de todas las personas; aunque haya algunos que todavía dudan, es por ello que queremos acercaros esta problemática para que la conozcaís, extendáis, compartáis y sea apoyada por todos.

Todas las circunstancias que concurren en este sumario, revelan actuaciones al servicio de una estrategia política, cuya finalidad es sacar de la legalidad española a un amplio espacio social y político vasco, vulnerando derechos civiles y políticos, como es el derecho a expresarse, a reunirse, a asociarse, a la libertad ideológica y al derecho a la disidencia de personas y grupos que defienden que Euskal Herría, existe como pueblo y tienen derecho a decidir como tal.

Esta vulneración de derechos individuales y colectivos, afecta directamente a la sociedad vasca en su conjunto, pero esos derechos, libertades y garantías son patrimonio de toda la ciudadanía, es decir, de todas las personas estén o no imputadas. Por ello, el desarrollo de estos macrojuicios no puede ni debe contemplarse desde la indiferencia. Quienes formamos este grupo de trabajo que, sin compartir necesariamente todos los planteamientos políticos, coincidimos, sin embargo, en el derecho a defenderlos. Creemos en una sociedad respetuosa de su pluralidad y riqueza social que debe ponerse necesariamente a construir en libertad y en el respeto de todos los derechos de todas las personas.

INSTAMOS a las fuerzas políticas y sociales democráticas a pronunciarse de manera explícita en contra de la violencia de garantías judiciales y procesales de estos macroprocesos junto con los movimientos sociales, por la defensa de los derechos y libertades.

EXIGIMOS al gobierno, al poder judicial, a las fuerzas de seguridad del estado y a los medios de comunicación, el respeto escrupuloso a un juicio justo, la garantía de los derechos humanos, los derechos políticos y la presunción de inocencia de cualquier persona detenida ó encarcelada por cualquier circunstancia.

NO A LA VULNERACION DE LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS

POR LA DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Y LOS DERECHOS CIVILES.

BASTA YA DE CRIMINALIZAR A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

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